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QUIZÁS HA LLEGADO EL MINUTO DE REALIZAR EJERCICIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA VINCULANTE PARA SOMETER A UNA CONSULTA PÚBLICA EL ORDEN DE LAS PRIORIDADES EN EL GASTO DEL ESTADO DE CHILE, INDEPENDIENTE DEL GOBIERNO DE TURNO

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JORGE ANDRÉS THIBAUT         @JATHIBAUT      INGENIERO COMERCIAL, FUNCIONARIO DE ADUANAS, EX PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE FUNCIONARIOS DE ADUANAS DE CHILE, DE LA FEDERACIÓN FRENTE DE TRABAJADORES DE HACIENDA Y DE LA FEDERACIÓN DE RECAUDADORES ADUANEROS DE AMÉRICA DEL SUR

 

En semanas recientes se ha producido un intenso debate respecto de la necesidad de reformar el modelo previsional, regresando en la dirección del vilipendiado modelo de reparto que opera en países del primer mundo, como en Alemania donde se acaba de anunciar el mayor aumento de su tasa de reemplazo en las últimas décadas. Y, tal como respecto de las necesidades en materia de financiamiento público para la reforma en la educación, la salud, etc., el Gobierno se ha apresurado a precisar que carece de los recursos para concurrir a su financiamiento.

Inmediatamente se han levantado voces desde todos los sectores señalando que los recursos fiscales existen, pero se encuentran mal destinados. Pero ¿qué significa que los recursos estén mal distribuidos? En términos simples, desde la óptica de los incumbentes o afectados, las prioridades fiscales no se encuentran alineadas con aquellas de la gran mayoría de la población. Quizás ha llegado el minuto de realizar ejercicios de participación ciudadana vinculante para someter a una consulta pública el orden de las prioridades en el gasto del Estado de Chile, independiente del gobierno de turno.

Al margen de lo anterior, queda por responder si el Estado cuenta o podría contar con los recursos necesarios para atender nuevas (o antiguas) demandas de la ciudadanía, que en definitiva es la que entrega los recursos fiscales a los gobiernos de turno para su óptima gestión.

Habrá quienes dirán que hubo una reciente reforma tributaria que dio. Si analizamos el PIB del país, existe una base productiva suficiente para asegurar el funcionamiento fiscal moderno de un país del tamaño y la estructura del nuestro. Entonces ¿por qué las autoridades dicen no contar con los recursos suficientes? Simplemente porque nuestro sistema tributario no es el adecuado.uenta de grandes cambios para aportar los recursos necesarios, pero en la práctica todos sabemos que ello no ocurrió. La gran reforma que iba a financiar todos los cambios estructurales se quedó en el pizarrón, luego pasó por la cocina y terminó en un macetero. Ni hubo cambios profundos al sistema tributario ni hubo un aumento de la recaudación como aquel que se aspiraba a generar de forma permanente (como regla, los gastos permanentes deben financiarse con ingresos permanentes, no con la fluctuación de commodities).

Para ello, tal y como señalaba en el 2012 la Federación de Trabajadores del Ministerio de Hacienda, se requiere un nuevo sistema tributario, más simple, moderno, progresivo y efectivo.

Respecto de la simplicidad del sistema tributario en régimen, esta en lugar de acercarse, se alejó. El sistema es más engorroso, se ha requerido de enormes esfuerzos para explicarlo incluso a los más entendidos en la materia y, en lugar de cerrar los espacios para la elusión, se han mantenido o generado nuevos.

En materia de progresividad, uno de los temas más complejos de abordar, es que el tesoro público se financia mayoritariamente por la vía de los impuestos al consumo y no de aquellos asociados a la renta. Un sistema progresivo es aquel que se financia fundamentalmente con los aportes sobre las ganancias o utilidades de los participantes, de manera que exista justicia social y una mayor redistribución del ingreso antes de impuestos. En Chile, eso no ocurre, y por eso se ha hecho pública la frase que dice que una secretaria paga más impuestos que un gerente (porcentualmente respecto de sus respectivos salarios eso es una verdad del tamaño de una catedral). Sin ir más lejos, en el debate por el diseño de la reforma tributaria, Michel Jorratt en una entrevista en un medio digital se manifestó por terminar con el FUT y reducir drásticamente el IVA para avanzar en esa dirección. ¿Qué pasó con ese espíritu? Poderes superiores a las convicciones progresistas lo transmutaron en la cocina.

Y respecto de la efectividad del sistema, se requiere (en términos muy simplificados) de dos componentes: el cumplimiento voluntario de las cargas fiscales y el combate efectivo a la evasión tributaria.

En relación con el cumplimiento fiscal voluntario, creo que nos conocemos lo suficiente como para que cada uno tenga la convicción de que parte de nuestra cultura es “hecha la ley, hecha la trampa”.  Se requerirá de una reforma valórica y de currículo en la educación, la reposición de la educación cívica desde la enseñanza básica, etc., para que veamos dicho cambio cultural en un par de generaciones cuando menos.

Y respecto del combate a la evasión tributaria, los Servicios Fiscalizadores enfrentan fuertes tasas de evasión: un 20,3% en IVA y sobre un 40% en renta  en el SII y a pesar de que Aduanas trabaja en una metodología de estimación, existen diversos informes del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de la Organización Mundial de Aduanas e incluso otro encargado por la propia Subsecretaría de Hacienda que describen una gruesa evasión superior a los US$MM400 al año, cifras refrendadas semanalmente en la prensa con detalles de fraudes y contrabandos detectados por sus funcionarios.

A ello hay que sumar la presión generada por el estallido de los Panama Papers, aunque los mismos antecedentes de flujos ilícitos de fondos estaban sobre la mesa de los analistas antes de este incidente global. Se trata de capitales que se desvían a paraísos fiscales para evitar la baja tributaria que enfrentan en Chile (apenas sobre el 5% efectivo según reciente informe de la CEPAL). Uno de los mecanismos frecuentes para hacerlo es el “Trade Misinvoicing” (transacciones con manipulación fraudulenta de precios). Por ejemplo, una productora de plátanos de Brasil es “adquirida” por una empresa en Islas Vírgenes. Desde Chile compramos los plátanos a la casa matriz, pero vienen desde nuestros vecinos. La transferencia de precios del productor al “dueño” se hace al costo, la venta desde el dueño a Chile se hace a valor real y las utilidades quedan en el país del dueño, donde, por su condición de paraíso fiscal, no pagan impuesto a la renta.

¿Ocurre esto en Chile? Sí. Parte de la estrategia tributaria de las empresas es evitar el pago de impuestos para maximizar las utilidades, por ello, tal y como se ha señalado en diversas publicaciones, existe el incentivo a desviar fondos nacionales a paraísos fiscales.  Según la Global Financial Integrity en su reciente informe sobre flujos ilícitos de fondos, entre el año 2004 y el año 2013, más de 54 mil millones de dólares habrían abandonado Chile en estas circunstancias. Imaginemos que esos fondos tributaran en Chile, incluso aplicando los bajos esquemas actuales. Otra cosa.

En definitiva, ¿cuenta el Estado de Chile con una estructura productiva que, al contribuir fiscalmente con apego a las leyes y normas, permita financiar las demandas sociales de la ciudadanía? (suponiendo que el Gobierno de turno alinee su programación presupuestaria con el mandato de la ciudadanía). Sí. Sólo falta voluntad política para salir de la cocina.

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