OBISPOS ENTREGAN LA PROPUESTA AL PRESIDENTE PIÑERA

LA PROPUESTA DE LA IGLESIA CATOLICA ENTREGADA AL PRESIDENTE PIÑERA CONSTITUYE UNA VERDADERA BOMBA DE RACIMO CONTRA LAS INSTITUCIONES DE LA REPUBLICA.
ES UNA PROPUESTA DISOLVENTE QUE PROVOCARA TODO TIPO DE ENFRENTAMIENTOS DENTRO DE TODOS LOS PARTIDOS POLITICOS, EN EL CONGRESO NACIONAL, EN LA SOCIEDAD TODA. DESPUES QUE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA-EN EL CASO DE LOS CONDENADOS POR LOS CRIMENES DE LA DICTADURA- RECIBIERAN SUS PENAS TRAS AÑOS DE INVESTIGACION Y DILACIONES Y FALTANDO MUCHO TODAVIA POR INVESTIGAR Y CONDENAR.

LA IGLESIA CATOLICA ADEMAS SE ENFRENTA A LAS ORGANIZACIONES DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS QUE POR LARGOS AÑOS HAN VENIDO LUCHANDO POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA.

HAY CON TODO, HABILIDAD EN LA JERARQUIA DE LA IGLESIA. ENVUELTA ESTA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL POR LOS GRAVES DELITOS DE PEDOFILIA COMETIDOS POR SACERDOTES, OBISPOS Y OTROS LOGRA CON LA PROPUESTA LLEVAR EL DEBATE LEJOS DE LOS CASOS DE PEDOFILIA Y ABUSOS SEXUALES ( CASO KARADIMA Y OTROS) "TIRANDO" LA "PELOTA" A TODOS LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD CHILENA PARA REVOLVERLOS INTERNAMENTE CON SU PROPUESTA DE INDULTOS.

PARALELAMENTE AL ESTADO DE CHILE LA IGLESIA CATOLICA LO COLOCA EN UNA SITUACION DE ENFRENTAMIENTO ANTE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL YA QUE EL ESTADO DE CHILE ES FIRMANTE DE ACUERDOS INTERNACIONALES QUE LO OBLIGA HACER IMPRESCRIPTIBLES,NO INDULTABLES Y NO ADMISTIABLES LOS DELITOS DE LESA HUMANIDAD POR LOS CUALES ESTAN CONDENADOS DEL ASESINOS DE LA DINA-CNI Y OTROS ORGANISMOS DE LA DICTADURA.
LA IGLESIA MAÑOSAMENTE Y EN UNA TRANPA A LOS PARLAMENTARIOS QUE EVENTUALMENTE TENDRAR QUE TRATAR EL TEMA LES SEÑALA EL RESPETO QUE SE DEBE TENER A LOS TRATADOS INTERNACIONALES Y AL MISMO TIEMPO PLANTEA LOS INDULTOS.

ES PARADOJALMENTE LA PROPUESTA DE LA IGLESIA CATOLICA UNA PROPUESTA SATANICA.

Autor: El Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile
Fecha: 21/07/2010
País: Chile
Ciudad: Santiago
Ref. Cech: 190 / 2010


CHILE, UNA MESA PARA TODOS EN EL BICENTENARIO


I.- UN SIGNO DE CLEMENCIA

Como ciudadanos y pastores queremos comprometernos con los esfuerzos de nuestro país por la paz: tanto por la paz que se abre espacio en nuestros corazones, como por aquella que anhelamos para las familias y todos los habitantes de nuestra Patria. Sabemos que la paz es obra de la justicia, pero estamos convencidos que también contribuyen a ella el perdón y la misericordia.

Por eso tenemos que seguir avanzando, como país, por los caminos de la justicia social, aquella que se construye sobre los derechos humanos y cuya alma es la dignidad del hombre y de la mujer, de la familia y de los niños, de los jóvenes y los ancianos. No escatimemos esfuerzos ni medios en la conquista de la seguridad y la paz ciudadanas. Apoyemos decididamente el trabajo de los tres Poderes del Estado en su lucha contra la delincuencia.

Pero para construir la paz, también debemos recurrir a la clemencia y al perdón. Por eso, en el contexto del Bicentenario, apreciando la libertad que otorga el Estado de Derecho, los pastores de la Iglesia Católica queremos ofrecer una nueva colaboración, a nuestro parecer necesaria, en el ámbito de los derechos humanos. Nos referimos a los derechos fundamentales de quienes han sido condenados, y a un indulto que nuestra sociedad puede conceder como expresión de la actitud humana y enaltecedora que construye la paz ciudadana y ayuda a la reconciliación.

Con ese objetivo, en el mes de agosto de 2009, los miembros del Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile, presentamos a la Excma. Señora Presidenta de la República, Dra. Michelle Bachelet, y en el mes de abril del presente año, a Su Excelencia el Presidente de Chile, don Sebastián Piñera, una reflexión titulada «Misericordia y clemencia: signos del Bicentenario. Petición de la Iglesia Católica de Chile». En ese documento expusimos los fundamentos para un posible indulto, precedidos de una introducción acerca del sentido del Bicentenario de Chile, celebrado en el hoy de nuestra historia, haciendo memoria agradecida del pasado y asumiendo compromisos que lo proyecten hacia el futuro.

Citando al Papa Juan Pablo II, señalamos que nuestro jubileo del Bicentenario quiere tener un significado positivo. «Al igual que la misericordia de Dios, siempre nueva en sus formas, abre nuevas posibilidades de crecimiento en el bien, celebrar el Jubileo significa también esforzarse en crear nuevas ocasiones de recuperación para cada situación personal y social, aunque aparentemente parezca irremediablemente comprometida» («Mensaje Jubileo en las cárceles», nº 4).

En nuestro mensaje, con el aval de tantos hombres y mujeres creyentes que acompañan a quienes han delinquido, recordábamos que el Papa nos advertía que abstenerse de acciones promocionales en favor del recluso significaría reducir la prisión a una suerte de venganza social.

II- EL HORIZONTE DE NUESTRA PETICIÓN DE INDULTO

Los creyentes en Cristo recordamos que Él ha inaugurado una historia basada no sobre la indiferencia, ni sobre la venganza, ni menos sobre la guerra, sino sobre el amor hasta el extremo del perdón. Quisiéramos que esta historia, respetando el sentido de la justicia, alcance a las personas que están encarceladas.

Por ello, quisimos compartir las siguientes reflexiones para solicitar a las autoridades del país, con ocasión del Bicentenario, un indulto a personas privadas de libertad. Los recordamos brevemente:

1. El País del Bicentenario quiere ser un país desarrollado, por lo mismo, reflexionemos acerca de un sistema penal y carcelario más humano. Como la delincuencia es una preocupación constante de la ciudadanía, queremos promover aquellos valores y aquella forma de convivencia que la evitan. Entre ellos, debemos procurar la rehabilitación y reinserción social de quienes han causado quiebres y daños en la sociedad por sus crímenes y delitos. En contraste con este propósito, muchos recintos carcelarios no procuran oportunidades verdaderas y suficientes de rehabilitación a los internos, incluso las nuevas cárceles. Por el contrario, sabemos que con frecuencia los recintos penales son un hábitat más violento y deshumanizante que aquéllos que favorecieron el desarrollo de la delincuencia. Tales ambientes, tampoco propician la conversión interior ni los deseos de cambio en las personas. «La cárcel -decía Juan Pablo II- no debe ser un lugar de deseducación, de ocio y tal vez de vicio, sino de redención» («Mensaje Jubileo en las cárceles», nº 7).

2. Prestémosles atención a los internos más débiles, a los que están gravemente enfermos o son adultos mayores. Para ello valoremos en su integridad los derechos humanos, especialmente el derecho a la vida, cuya conciencia es progresiva en nuestra Patria, pero aún insuficiente. Es imprescindible defender la vida, sobre todo la vida indefensa, ante quienes la amenazan; crear condiciones favorables para que se viva y se trabaje conforme a la dignidad humana, y prestar especial atención a quienes, por estar en prisión, ven vulnerados sus derechos a una atención sanitaria apropiada o, incluso, a una muerte digna. Decíamos entonces que «la celebración del Bicentenario de la Patria puede ser un momento privilegiado para ejercer nuestra misericordia subsanando posibles distorsiones del sistema de justicia. En este contexto, comprendemos el enorme valor que tendría un gesto de clemencia hacia quienes, dentro del cumplimiento de sus penas, llevan un sufrimiento aún mayor a causa de su edad, salud y soledad».

3. Trabajemos para una promoción integral de los reclusos. En efecto, recordábamos que «si un sistema penitenciario busca sancionar un mal cometido con un castigo proporcional y, a la vez, rehabilitar al agresor para que se transforme en un bien para la sociedad, resultaría incomprensible no considerar acciones promocionales a favor del recluso. La prisión no tiene solamente un fin reivindicativo. En la legislación se contemplan rebajas de pena y estímulos para quienes, dentro de la normativa, demuestran un comportamiento apropiado y, pese a las dificultades y falta de oportunidades, cumplen con lo requerido por el sistema penal».

Por eso, en nuestra reflexión hacíamos un llamado:

a)- A quienes tienen el conocimiento técnico y las facultades pertinentes, a promover integralmente la rehabilitación y reinserción de aquellos que, a pesar de sus condiciones vitales, muchas veces indignas, quieren salir del círculo de la delincuencia y la marginación del que hoy son parte.

b)- A resolver definitivamente el drama de las cárceles de Chile: el estado estructural de un gran número de recintos penitenciarios, la superpoblación de los internos, las tensiones de convivencia marcadas por la agresividad y el temor, la discriminación y las luchas de poder, las dificultades y los conflictos que deben enfrentar quienes custodian a los internos, cuya magnitud la gran mayoría de los chilenos y chilenas desconocen.

c)- A generar programas de acompañamiento hacia quienes salen de prisión y que muchas veces no descubren otro horizonte que la reincidencia, debido a la falta de oportunidades y al estigma que tienen que cargar.

4. Como comunidad eclesial estamos empeñados en que el Chile del Bicentenario se convierta, de verdad, en una «Mesa para todos»: mesa del pan, del trabajo, de la fraternidad, de la libertad, de la equidad, del respeto por la dignidad de cada cual. Este propósito nos obliga a fijarnos en quienes no están gozando de la mesa común, ya sea por los efectos del terremoto, por carecer de empleo, por vivir en la pobreza extrema, o bien, por ser jóvenes en situación de vulnerabilidad social. Todos tienen derecho a un puesto de honor en la mesa de todos. Entre quienes no son acogidos en la mesa de todos, están aquellos que llaman nuestra atención por estar privados de libertad.

Pedir un indulto que los beneficie, no es contrario al apoyo que damos al compromiso de las autoridades del país, que quieran velar por nuestra seguridad, luchando para que la delincuencia y el narcotráfico, con su alta cuota de violencia y muerte, no corroa el “alma de Chile”, y procurando una justicia pronta y eficiente para quienes atenten contra la integridad de otros chilenos, malogrando así los esfuerzos de lograr la paz y el espíritu fraterno que debe caracterizar a la mesa para todos.

Pero sabemos que en Chile, también con los reclusos de diversos penales, tenemos una deuda que compromete el respeto por sus derechos humanos. No podemos tener cárceles inhumanas ni seguir permitiendo el hacinamiento, con toda su secuela de males. Se trata de personas humanas como todos nosotros. Es cierto, han cometido faltas, delitos y hasta crímenes, pero no por eso podemos negarles la dignidad que Dios les confirió desde el día de su gestación. El sólo recurso al encarcelamiento sin otras medidas, como por ejemplo el trabajo remunerado para quienes caen en estas situaciones, no basta para que rediman sus vidas y puedan reincorporarse plenamente a la sociedad. En este ámbito tenemos una conversación pendiente como país.

III- EL INDULTO CON OCASIÓN DEL BICENTENARIO

Al presentar esta petición, no ha sido nuestro ánimo poner al Gobierno de Chile, ni al actual ni al anterior, en una situación de incomodidad ante la realidad de las personas recluidas y de las víctimas. El contexto de una sana laicidad reconoce las competencias propias del Estado y aquellas de las confesiones religiosas. Por esta razón, sólo presentamos algunas ideas que pueden enriquecer el espíritu y la práctica de nuestra convivencia y hacemos una petición, pero sin proponer un articulado de ley, tarea que corresponde a la autoridad política. Anhelamos que estas reflexiones sean discutidas por los ciudadanos y por nuestras instituciones, y que cada una asuma la responsabilidad que le corresponde.

En lo que se refiere a quienes están privados de libertad, dentro del respeto a la Constitución y a los Tratados Internacionales suscritos por Chile, solicitamos a las autoridades del Estado, en particular al Señor Presidente de la República y al Gobierno que preside, así como a los Honorables miembros del Parlamento, considerar y estudiar las siguientes proposiciones:

1. Que los condenados por sentencia ejecutoriada –con las restricciones que la autoridad competente considere prudente establecer como, por ejemplo, delitos de sangre-, que en los últimos años hayan tenido buena conducta en los recintos carcelarios, y no constituyen un peligro para la sociedad:

a. Puedan ver reducidas parcialmente sus penas privativas o restrictivas de libertad.

b. Además de lo señalado, que se conceda una reducción adicional a quienes tengan más de 70 años de edad.

c. Igualmente, que a las mujeres que tengan uno o más hijos menores de 18 años se les conceda también una reducción adicional.

d. Que a las personas condenadas privadas de libertad que padezcan alguna enfermedad invalidante, grave e irrecuperable, se les conmute su pena por otra, que no deba cumplir en las condiciones más aflictivas de la cárcel.

e. Que a los enfermos terminales, debidamente comprobados por la instancia competente, se les condone el saldo de las penas que les resten por cumplir.

2. Que se mejoren sustancialmente las condiciones de vida de quienes cumplen penas privativas o restrictivas de libertad, aumentando las horas de convivencia fuera de sus celdas, favoreciendo el trabajo remunerado y el acceso a la enseñanza, el deporte, la cultura, y al auxilio espiritual. A pesar de los esfuerzos realizados en diversos gobiernos anteriores, no se ha logrado satisfacer estas necesidades, requiriéndose hacia adelante decisiones urgentes que la autoridad competente debiera ir adoptando por el bien común de la sociedad. Asimismo, considerando las especialmente difíciles circunstancias del ambiente laboral en que se desempeñan, y en el contexto del conjunto de los funcionarios públicos, que se mejoren las condiciones de vida, de convivencia y de trabajo de los gendarmes y empleados por el sistema penitenciario; éstas irían en directo beneficio de la dignidad y rehabilitación de los privados de libertad.

3. Que se modifique la legislación que se refiere a las penas, en lo que atañe a los condenados de edad muy avanzada y a quienes estén gravemente aquejados de una enfermedad terminal. Proponemos que se les condone la pena o que puedan cumplir el resto de su condena junto a su familia o en instituciones asistenciales. Este cambio o condonación de la pena se concedería siempre, salvo que el organismo competente excluya este beneficio para un reo determinado por juzgarlo un peligro para la sociedad.

4. No sería completa la “mesa para todos” si no considerásemos en esta petición a quienes cumplen penas por delitos contra los derechos humanos cometidos durante el Régimen Militar. Es un tema que debemos poner sobre la “mesa de todos” para conversarlo con la seriedad que corresponde, especialmente en el Parlamento de la República. No olvidemos que no todos ellos tuvieron igual responsabilidad en los crímenes que se cometieron. A nuestro parecer no cabe ni un indulto generalizado ni un rechazo general del indulto para todo ex uniformado condenado. La reflexión debe distinguir, por ejemplo, el grado de responsabilidad que le cupo a cada uno, el grado de libertad con que actuó, los gestos de humanidad que tuvo y el arrepentimiento que ha manifestado por sus delitos.


IV- EN EL CAMINO DEL EVANGELIO: JUSTICIA Y CLEMENCIA

No somos nosotros quienes debemos dictar las leyes, pero creemos que podemos interceder para dar paso a la “justicia con clemencia” como connotados juristas lo han pedido en el pasado. Es decir, velando por el imperio de la justicia -nada más injusto que la impunidad- y salvaguardando el pleno imperio de los derechos humanos en materia de crímenes de lesa humanidad, creemos que se pueden dar pasos de clemencia.

Sabemos que estas peticiones tendrán opiniones encontradas. Las respetamos, especialmente cuando vienen de personas que sufrieron en carne propia o en sus familiares más cercanos los delitos condenados. Sólo solicitamos dar el paso de pedir justicia sin ensañarnos en el castigo, que nunca puede reparar totalmente el mal causado. Y solicitamos también, hablando al corazón de cada uno, que consideremos de qué manera quisiéramos ser tratados si estuviéramos en la situación de los condenados, y con qué espíritu fraterno podremos construir el futuro de Chile si no somos capaces de hacer gestos decisivos de reencuentro y reconciliación.

Más allá de los ordenamientos jurídicos y de sus interpretaciones, el mismo Jesús nos enseñó con su testimonio y su palabra, que la lógica del perdón es la única que restaña las heridas, devuelve la confianza e inaugura tiempos nuevos para quienes tienen la valentía de concederlo y de pedirlo. Nos conmueve el solo hecho de pensar que Jesús clavado en la cruz de la injusticia, antes de morir, pide al Padre que perdone a quienes lo han crucificado.

Ésa es la lógica y la pedagogía que anhelamos para cada uno de nosotros y la gracia que pedimos por intercesión de la Virgen del Carmen, Madre de todos los chilenos y chilenas, sin excepción alguna, pero especialmente de aquellos que por diversas causas atraviesan horas de angustia y de dolor.


EL COMITÉ PERMANENTE DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL DE CHILE


† Alejandro Goic Karmelic
Obispo de Rancagua
Presidente

† Gonzalo Duarte García de Cortázar
Obispo de Valparaíso
Vicepresidente

† Francisco Javier Errázuriz Ossa
Cardenal Arzobispo de Santiago

† Ricardo Ezzati Andrello
Arzobispo de Concepción

† Santiago Silva Retamales
Obispo Auxiliar de Valparaíso
Secretario General


Santiago, 21 de Julio de 2010

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TEXTO COMPLETO DE LA RESPUESTA DEL PRESIDENTE SEBASTIAN PIÑERA ECHEÑIQUE A LAS IGLESIAS CATOLICA Y EVANGELICA.

LA RESPUESTA FUE ENTREGADA POR EL PRESIDENTE POR MEDIO DE LA TV, EL DOMINGO 25 DE JULIO. DE MANERA SORPRESIVA. SECTORES POLITICOS Y RELIGIOSOS Y OTROS ESPERABAN CONOCER LA RESPUESTA PRESIDENCIAL A MEDIADOS DE SEMANA.
LOS MAXIMOS REPRESENTANTES DE LA IGLESIA CATOLICA NO PUDIERON DISIMULAR SU MOLESTIA ANTE LA RESPUESTA PRESIDENCIAL. EN CAMBIO EL OBISPO DE LA IGLESIA EVANGELICA SE MOSTRO TOTALMENTE DE ACUERDO CON EL PRESIDENTE.

LAS ORGANIZACIONES DE DEFENSA DE LOS DD.HH ESPERAN CONOCER CON MAYOR CLARIDAD ALGUNOS CONCEPTOS DE LA RESPUESTA PRESIDENCIAL.
SI BIEN LAS PROPUESTAS ABARCAN TANTO A CONDENADOS POR DELITOS COMUNES Y A MIEMBROS DE LOS APARATOS REPRESIVOS DE LA DICTADURA EL PRESIDENTE RECHAZA DE PLANO UN INDULTO GENERAL Y VERA CADA CASO EN SU MERITO- EXCLUYENDO POR EJEMPLO A QUIENES COMETIERON DELITOS DE LESA HUMANIDAD- NO QUEDA CLARO SI TODOS LOS VIOLADORES DE LOS DERECHOS HUMANOS- LEASE CRIMINALES DE LA DINA-CNI Y OTROS ORGANISMOS REPRESIVOS DE LA DICTADURA Y HOY DIA CONDENADOS EN CARCELES -ESTAN EN LA CATEGORIA DE CONDENADOS POR CRIMENES DE LESA HUMANIDAD, SEGUN EL CRITERIO DEL PRESIDENTE.
TAMBIEN SON NECESARAIAS OTRAS ACLARACIONES. DE ALLI QUE LAS ORGANIZACIONES DE DEFENSA DE LOS DD.HH HAN SOLICITADO ENTREVISTARSE CON EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.

LA RESPUESTA DEL PRESIDENTE:

"Esta semana recibí de la Iglesia Católica un documento denominado “Chile, una mesa para todos en el Bicentenario”, que contiene reflexiones sobre el sentido de nuestro Bicentenario y una solicitud para que, con motivo de su celebración, se conceda un indulto a quienes se encuentren presos en situaciones especialmente aflictivas. También recibí de las Iglesias Evangélicas propuestas conteniendo reflexiones y solicitudes de la misma naturaleza.

En los días posteriores, consulté opiniones sobre estas reflexiones y propuestas a líderes del mundo político y religioso, y seguí con mucha atención el debate generado en la sociedad civil.

Todo ello me ha permitido realizar un proceso sereno de reflexión sobre estas propuestas y sus posibles consecuencias sobre nuestra convivencia y sociedad, y formarme una convicción profunda de lo que creo es lo mejor para Chile y el bienestar de los chilenos, que hoy quiero compartir con todos mis compatriotas.

En primer lugar, quiero valorar y agradecer sinceramente a la Iglesia Católica y Evangélica por sus valiosas reflexiones sobre virtudes tan significativas como la compasión, el perdón y la reconciliación, y por la inspiración noble y constructiva de sus propuestas. Este Presidente y nuestro gobierno comparten plenamente y tienen la firme voluntad de promover estos valores en la sociedad chilena.

Por otra parte, si bien valoramos el debate generado a partir de estas propuestas, no podemos ignorar que ellas continúan produciendo, en parte de la sociedad chilena, un clima de tensión y división que muchas veces reabre las viejas heridas y rencores del pasado.

Es también necesario y conveniente recordar que el año 2001, con ocasión de la celebración del nuevo siglo y milenio, se dictó la ley 19.736 sobre indulto general, que benefició a más de 1.500 condenados que recuperaron su libertad u obtuvieron significativas rebajas en sus condenas.

Adicionalmente, el año 2003 se dictó una nueva ley, la 19.856, que permitió a los condenados con buena conducta reducciones de hasta tres meses por año en sus penas. Esta ley ha favorecido a más de 18.500 condenados en el período 2004-2010 y lo seguirá haciendo en el futuro, pues se trata de una ley vigente y de efectos permanentes.

Finalmente, el año 2004 se dictó un tercer indulto general, a través de la ley 19.965, que favoreció a los condenados por el delito de asociación ilícita terrorista, delitos de la ley de control de armas y delitos sobre seguridad del Estado, ocurridos entre los años 1989 y 1998.

En otras palabras, en nuestro país y en menos de 10 años, ya se han realizado tres concesiones generales de indulto y perdón.

Por otra parte, nuestro gobierno asumió compromisos con la ciudadanía que vamos a honrar y cumplir. Entre ellos destaco combatir en forma firme y eficaz la delincuencia y el narcotráfico, proteger adecuadamente a las víctimas, resguardar con energía la seguridad ciudadana, y fomentar una cultura de respeto irrestricto a los derechos humanos de todos, en todo lugar, tiempo o circunstancia.

En consecuencia, incorporando todos los valores antes mencionados y considerando por sobre todo el interés superior de la patria y el bienestar de los chilenos, he llegado al convencimiento que, en los tiempos y circunstancias actuales, no es prudente ni conveniente promover el otorgamiento de un nuevo indulto de carácter general.

Sin perjuicio de lo anterior, acogeré el espíritu de las propuestas de las Iglesias y su invocación ala compasión, el perdón y la reconciliación a través del ejercicio de la facultad presidencial de otorgar indultos particulares. Para ello, este Presidente hará uso de sus facultades en forma prudente y restrictiva, analizando caso a caso consideraciones de carácter humanitarias debidamente acreditadas, y siempre que ello no debilite nuestra lucha frontal y decidida contra la delincuencia y el narcotráfico ni la cultura de respeto irrestricto a los derechos humanos.

Estos indultos considerarán factores como la avanzada edad, enfermedades terminales y otras razones humanitarias equivalentes, y velando siempre porque estos beneficios no dañen el alma de Chile ni signifiquen un peligro para la sociedad. En consecuencia, quedarán excluidos de estos beneficios aquellos condenados por delitos especialmente graves, como son los de lesa humanidad, terrorismo, narcotráfico, homicidio, de sangre, violaciones o abusos deshonestos contra menores, y otros equivalentes, además de delincuentes reincidentes.

También comparto con las Iglesias su profunda preocupación por las condiciones de vida de quienes están hoy presos en las cárceles chilenas. Al respecto, quiero recordar y compartir las palabras del Papa Benedicto XVI cuando afirmó que “la cárcel priva a un hombre de su libertad, pero jamás de su dignidad de ser humano”. Nuestro gobierno está muy conciente del déficit heredado en materia de infraestructura y gestión penitenciaria y de las precarias condiciones y el hacinamiento en que viven muchos presos, lo cual atenta contra sus posibilidades de rehabilitación y reinserción social.

Sin embargo, estimamos que la mejor respuesta de nuestra sociedad a esta lamentable situación no pasa por la liberación masiva de presos, sino por una mejoría en las condiciones de vida y dignidad de los mismos. Por estas razones, nuestro gobierno está comprometido y avanzando decididamente en un ambicioso y exigente plan que contempla la construcción de más y mejores recintos penitenciarios, la ampliación y mejora de las instalaciones existentes, el rediseño de instalaciones penitenciarias en ejecución y el impulso de tratados que permitan el traslado de condenados extranjeros para que cumplan el resto de sus condenas en sus países de origen.

Adicionalmente, he solicitado al Ministro de Justicia que, en un plazo no mayor de 3 meses, realice una completa revisión de la situación de los internos en las cárceles de nuestro país, tendiente a mejorar las condiciones de vida de los reclusos y de trabajo de los gendarmes, modificar reglamentos penitenciarios para lograr mejoras en el trato a los internos, beneficios intrapenitenciarios, sistemas de visitas de los familiares, apoyo religioso y sicológico, asistencia legal a los más débiles y oportunidades de estudio, deporte, cultura, rehabilitación, reinserción social y empleos remunerados para los presos.

Además nuestro plan contempla un profundo fortalecimiento y reforma de las penas alternativas a la privación de libertad, tales como la reclusión nocturna, la libertad vigilada y los trabajos sociales en favor de la comunidad. Para que éstas penas sean efectivas y no pongan en peligro a las víctimas ni a la sociedad, estableceremos un adecuado régimen de control de estas penas alternativas, lo cual se logrará aumentando el número y capacitación de los delegados que las controlan y la aplicación de tecnologías de punta, como el brazalete electrónico y control domiciliario, para cierto tipo de delincuentes.

En otras palabras, más que perdonar nuevamente condenados para que, pasadas las celebraciones del Bicentenario, todo siga como antes, estamos comprometidos con una profunda reingeniería y modernización de nuestro sistema penitenciario, tanto en su infraestructura como en su gestión, y con mecanismos más eficaces de prevención y rehabilitación del delito, de forma de tener una sociedad más segura y con menos delincuencia.

El ejercicio de la Presidencia de la República nunca ha sido una tarea fácil. Significa tomar decisiones difíciles y complejas. Esta no ha sido una excepción. He tomado esta decisión después de una serena reflexión y con una profunda convicción de que es lo mejor para Chile y los chilenos.
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